• Samaria social

Evolución de la protección jurídica de los colectivos más vulnerables: las personas con discapacidad


En primer lugar debemos situar la seguridad jurídica de los colectivos más vulnerables junto a las medidas de protección existentes en la actualidad: tutela, curatela, rehabilitación o prórroga de la patria potestad y guarda de hecho. Estas medidas de protección aparecen cuando hay una sentencia de modificación de la capacidad de obrar (antigua incapacidad).

Son medidas de protección destinadas a aquellas personas que por enfermedades o patologías persistentes de carácter físico o psíquico no pueden gobernarse por sí mismas.

La evolución positiva de la seguridad jurídica desde 2001 es un hecho objetivo y constatable, al menos desde nuestra experiencia diaria. Podemos decir que aunque desde 2001 se venían desarrollando políticas de concienciación y sensibilización para que las sentencias de modificación de la capacidad de obrar se ajustarán individualmente a las necesidades de las personas, fue la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) la que dio el “empujón” necesario para activar de forma real y eficaz esa línea de trabajo que se venía desarrollando.

Las sentencias son en la actualidad un reflejo real, un “traje a medida” de lo que realmente necesita la persona. Se evalúa, se examinan capacidades, se miden los niveles de protección y se protege allí donde la persona lo necesita. Queda aún camino por recorrer pero podemos estar satisfechos del trabajo que se está realizando.

Es cierto que no podemos quedarnos aquí. Tenemos que revisar sentencias que dejaron sin derecho a voto a muchas personas con discapacidad y que entendemos tienen todo el derecho del mundo a ejercerlo en democracia. Alguien debería encabezar un movimiento general para revisar esas sentencias y que se ajustaran a la realidad.

Por último, debemos decir que el panorama que dibujamos es el que afecta a los Juzgados especializados de Incapacidad (5 en Madrid) y que creemos deber seguir extendiéndose al resto de juzgados que siguen siendo mixtos. Creemos en la especialización y confiamos en que ésta llegue a todos los juzgados ya que de no ser así, estaremos ante un agravio comparativo y geográfico que no nos podemos permitir.

Todos los esfuerzos y energías deben ir encaminadas a concienciar y sensibilizar sobre una materia que afecta de modo integral a la persona y que sigue siendo algo desconocida en muchos ámbitos.

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y quedaron abiertos a la firma el 30 de marzo de 2007. Se obtuvieron 82 firmas de la Convención y 44 del Protocolo Facultativo, así como una ratificación de la Convención. Nunca una convención de las Naciones Unidas había reunido un número tan elevado de signatarios en el día de su apertura a la firma. Se trata del primer instrumento amplio de derechos humanos del siglo XXI y la primera convención de derechos humanos que se abre a la firma de las organizaciones regionales de integración. Señala un “cambio paradigmático” de las actitudes y enfoques respecto de las personas con discapacidad. La Convención se concibió como un instrumento de derechos humanos con una dimensión explícita de desarrollo social. En ella se adopta una amplia clasificación de las personas con discapacidad y se reafirma que todas las personas con todos los tipos de discapacidad deben poder gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Se aclara y precisa cómo se aplican a las personas con discapacidad todas las categorías de derechos y se indican las esferas en las que es necesario introducir adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan ejercer en forma efectiva sus derechos y las esferas en las que se han vulnerado esos derechos y en las que debe reforzarse la protección de los derechos

Ley 26/2015 de de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Recuerda que tenemos un equipo de abogados en materia de discapacidad, incapacidad y tutela de adultos.


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